Preocupaciones por la ley de financiamiento

Gremios expresan sus preocupaciones por la ley de financiamiento

Propusieron que se busquen mejores alternativas, para que no se afecte la economía de los colombianos.

Mediante una Audiencia Pública, los congresistas integrantes de las comisiones conjuntas económicas del Senado y Cámara y con la presencia del ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, escucharon atentamente a representantes del sector gremial del país sobre sus preocupaciones y propuestas referente al proyecto de ley de financiamiento, con el cual se busca aumentar los impuestos, para recaudar recursos y superar el déficit del Presupuesto General de la Nación para el año 2019.

En su intervención, Alberto Pardo, presidente de la Asociación de Sindicatos de la Seguridad Social, solicitó que se respeten los derechos de los pensionados y consagrados en la Constitución materia pensional y laboral. Sostuvo: “No se pueden gravar doblemente los ingresos obtenidos por una pensión durante la vida activa del trabajador. Su salario se le disminuye en un 50 por ciento y es injusto ponerle impuesto a las pensiones de los colombianos”.

Pardo aclaró que cuando se trabaja sólo se paga el cuatro por ciento, pero cuando se es pensionado, el 12 por ciento. Propuso que se graven las ganancias del sector financiero, para que éstas tengan una destinación que alivie la afectación social del país. Indicó que también deben gravarse las grandes fortunas, que tienen las empresas y las personas, al igual que controlar la evasión en el pago de los impuestos en la DIAN. ”No se debe afectar a los trabajadores, quienes son los que han construido esta sociedad”, expresó el dirigente gremial, quien afirmó que actualmente en el país existen 2 millones 350 mil pensionados.

Igualmente, Carlos Mayorga, presidente de Fedepanela, hizo un llamado a la reflexión para que las medidas que se piensan aplicar sean bien evaluadas, ya que perjudicaría el consumo de la panela en los estratos 1 y 2, quienes son los mayores consumidores del producto.

Por su parte, Diógenes Orjuela, representante de la CUT, indicó: “Los grandes capitales del país están en los paraísos fiscales. Allí está el dinero para salir de esta crisis”.

Entre tanto, el gerente del gremio de las frutas y hortalizas, Asufrucol, Álvaro Ernesto Palacio Peláez, dijo que su intención es mantenerse exentos y no excluidos. “Si nos dejan excluidos, nos cobrarán el 19 por ciento del IVA a todos los productos de insumo, para poder desarrollar nuestra actividad”.

Cuando se le dio la palabra la Nelly Montoya, de SiuneDIAN- fianzas públicas, representante de uno de los sindicatos de esta entidad, manifestó que esa norma pretende imponer cargas del 25 por ciento a los trabajadores colombianos. “La política tributaria en el país es inequitativa”. También propuso que se grave al sector financiero, para recaudar ingresos públicos, vía renta.

Jeffrey Fajardo, presidente de Asoleche, propuso que se le mantengan la condición de extensión a los productos lecheros de mayor impacto, para seguir ofreciendo productos de buena calidad a los consumidores, que en su mayoría son de la clase media y alta del país.

El senador Edgar Díaz (Cambio Radical) expresó que cerca del 95 por ciento de los participantes dejaron ver el desacuerdo con la Ley. “Esto es debido a la situación que los colombianos viven día a día. No existe la voluntad del Gobierno Nacional de que el IVA en la canasta familiar no pase. Hoy hemos escuchado el inconformismo de los sectores gremiales ante esta iniciativa”.

De la misma manera, la senadora Aida Avella (Decentes) dijo que no permitirán que se aumente el IVA en los productos de la canasta familiar de los colombianos.

Al finalizar la audiencia, el director General de la DIAN, José Romero, manifestó a los presentes que el Gobierno Nacional está trabajando para mejorar el texto de la ley de financiamiento, con el fin que exista más equidad en el sistema tributario y reactivar la economía del país. Agregó que también buscan simplificar el Estatuto Tributario y erradicar la evasión de los impuestos, para recaudar recursos como alternativa de afrontar el déficit presupuestal.

Tomado de senado.gov.co

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