Hampones con investidura oficial

Gonzalo Castellanos

Ante el torrente de barbaridades de corrupción administrativa que flotan por ahí y apresuramiento desaparecen para que otras nuevas se abran paso, se propone en muchos medios de comunicación la pregunta, acerca de cuál fue ese momento en el que se perdió la frontera ética en el país.
¿Cuál frontera? Porque parece que desde 1819 se instaló en la burocracia nacional un criterio patrimonialista, lo cual de la forma como explica Max Weber las concepciones del gobierno, significa que el gobernante confunde su patrimonio pro-pio con los bienes públicos; entiende, a la manera de un monarca milenario o de un señor feudal, que cuanto administra les pertenece a él y a su familia. Así, que, desde comienzo de la leyenda patria, los principios de igualdad y propiedad se asumieron como privilegio de un reducido grupo aristócrata que fue apiñado en su caja fuerte todos los privilegios que armó con los pocos de su mismas clase y los fue
magnificando en alianza o complicidad con gobiernos extranjeros.
La ética administrativa se volvió maleable, toma la forma de cráneo del funcionario, del gerente, del magistrado, que administra.
El carro oficial para hacer mandados en casa, la enorme cuenta del celular, los viáticos por viajes semanales innecesarios, la fila de guardaespaldas para sacar el perrito del doctor a orinar.
Si trabajo por este país, piensan ellos alguna prerrogativa merezco. Lo de la austeridad, para el mensajero, no para mí, que bastante favor hago con este sueldo, que no alcanza para pagar la tarjeta de crédito, se les oye decir con frecuencia.
De ahí no resulta difícil pasar a más: sentencia acomodada, la ley para ayudar a la empresa que hizo aporte a la campaña; a estos gringos o a tales españoles los necesitamos, y apenas piden concesión o banco; una licitación para usted no traumatiza a nadie. Gratitud, regalo, soborno, Concesión Barco, Dragacol, Guavio, Commsa, Reficar, Agro Ingreso, el veneno de Odebrecht en la política nacional. Los nombres vinculados a esos episodios vergonzosos pasan; incluso, un alcalde errabundo entre el escritorio oficial y la cárcel se llama “Jhon
Calzones” (¿algo cabe esperas?).
Los Abogados de todos estos ahora son estrellas de jet set, cobran entre 500 y 1.000 millones por acompañar en la indagatoria a sus clientes viborillas, a quienes con indisimulada burla, declaran inocentes perseguidos políticos. Todo cabe y se diluye, ya está dicho, igual que excrementos en agua.
Este nuevo 20 de Julio, el presidente Santos anunció que buscará eliminar la larga lista de privilegios penales a funcionarios corruptos.
Lo hizo en el Congreso, en donde buena parte de los presentes, antes que temblar, seguramente tuvieron que contener la risa. Las leyes anticorrupción también pasan por sus uñas.

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